El cinco de enero de 2005, el Gobernador del
estado Cojedes (en el centro norte venezolano), Yhonny Yánez Rangel
alborotó a la opinión pública nacional al firmar el primer decreto
zamorano que operativiza la Ley de Tierras y Desarrollo Rural,
polémico instrumento legal que salió a la luz pública el 11 de
noviembre de 2001, dentro del paquete de 49 leyes habilitantes
aprobadas por el gobierno bolivariano de Venezuela.
La aprobación de esta ley de tierras, trajo como
producto inmediato la creación del Instituto Nacional de Tierras
(Inti), organismo que asumió la tarea de revisar la
situación legal de la tenencia de tierras y, en
las hectáreas rescatadas, promovió la organización de campesinos y
entregó cartas agrarias (que es una constancia
legal de propiedad). Esto generó una reacción
inmediata en los terratenientes que formaron escuadrones de choque y
como consecuencia, más de 100 campesinos han sido asesinados desde
que se aprobó la ley.
Cuatro años más tarde, enero de 2005, este
decreto zamorano del gobernador del estado Cojedes, vuelve a
recrudecer a la rancia oligarquía del campo venezolano quienes de
inmediato han reaccionado ante las acciones del gobierno
bolivariano,
al cual acusan de estar atentando contra la
propiedad privada. De inmediato los medios privados activaron su
maquinaria para generar incertidumbre y anunciar una situación de
violencia que acabará, por culpa de Chávez, con la paz
nacional.
Reacciones de los latifundistas
El primer sector en reaccionar fue gremio de
ganaderos, el presidente de Fedenaga, José Luis Betancourt dijo
‘Este no es el camino correcto. Si se quiere eliminar la propiedad y
la institucionalidad, significará la pérdida de la paz’. La
expropiación de tierras ociosas es un tema
controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la
oposición para calificar a Chávez con un termino inventado por sus
luminarias políticas: ‘castro-comunista’ (?)
Otras organizaciones, fabricadas por los medios
de comunicación privados (en virtud de la desaparición de la
oposición política nacional), como ‘Electores
Libres’, ‘Comité de Lucha contra el Alto Costo’
y otras, declararon el 06 de enero que ‘los gobernadores no tienen
facultad para hacer este tipo de decretos. Rechazamos de manera
categórica el intervencionismo del gobierno
nacional. Van a aumentar la pobreza’. ‘Esto
lleva a una incertidumbre generalizada en el sector productor
venezolano’, afirmó por su parte Vicente Brito, dirigente
de la asociación Movimiento Federal, también de
oposición y ex presidente de la central patronal Fedecamaras que
apoyó el sabotaje petrolero de diciembre de 2002.
Situación venezolana
A la fecha, la República Bolivariana de
Venezuela, según datos del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT)
importa más del 70% de los alimentos que se consumen a diario y que
forman parte de la canasta alimentaria. Presenta además la
particularidad de tener más del 80% de las tierras cultivables en
manos un 5% de los propietarios.
Muchas de esas tierras (algunos argumentan
largas sucesiones familiares) fueron obtenidas al amparo de
gobiernos complacientes que, por décadas, atentaron contra el
movimiento campesino y permitieron que se ocuparan, ilegalmente,
grandes extensiones de terreno. Personas que modificaron a su antojo
los linderos y acapararon las mejores tierras del país.
Coincidencialmente, los grandes
grupos importadores y la oligarquía comercial
(junto con un grupo de políticos que vivieron su esplendor en el
puntofijismo) son los mayores acaparadores de las
tierras.
Norte bolivariano
Cuando en Venezuela habla de implementar la
soberanía alimentaria, debe necesariamente revertir la situación del
campo, superar la dependencia petrolera y comenzar un amplio
programa de promoción del campesinado para lograr
producir, al menos, los alimentos que
consumimos, grosso modo ese es uno de los objetivo está contemplado
en el proyecto bolivariano.
Para dar fuerza a este objetivo estratégico, en
un acto multitudinario presidido por el presidente Hugo Chávez
Frías, realizado el lunes 10 de enero de 2005 en Caracas, dentro de
los actos conmemorativos de los 145 años de la muerte del prócer
Ezequiel Zamora; se relanzó la Misión Zamora, cuyo objetivo: es
reorganizar la tenencia y uso de las tierras ociosas con vocación
agrícola para erradicar el latifundio.
La Misión Zamora (Decreto Presidencial 3.408) es
un lineamiento constitucional enmarcado dentro del proceso
revolucionario que vive Venezuela, para alcanzar igualdad y equidad
social, dando cumplimiento al artículo 307 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el cual dice de forma directa:
‘El régimen latifundista es contrario al interés social’.
Se trata, el latifundio, de una situación tan
inocultablemente injusta, que hasta los gobernadores opositores
(Manuel Rosales, Zulia y Morel Rodríguez, Nueva
Esparta) anunciaron su voluntad de sumarse al
decreto presidencial y la pronta publicación de sendos decretos en
sus respectivas jurisdicciones.
Durante el acto de lanzamiento de la Misión
Zamora, Chávez recordó los grandes logros del general Ezequiel
Zamora. A este connotado militar, el presidente le reconoció haber
sabido recoger ‘…del alma adolorida, pero grande, de un
pueblo traicionado por la oligarquía de la
época, las inquietudes para promover la causa revolucionaria del
pueblo, tanto así que comandó en 1846 la primera
insurrección campesina nacional’.
Tierras y hombres libres
La firma del decreto, bautizado por el pueblo
como de guerra contra el latifundio, contó con la presencia de más
de 20 gobernadores de estado (Venezuela tiene 24 estado) y todo el
tren ministerial, junto a una representación de campesinos de todo
el país.
Entendiendo, que si no logra una justa
distribución de las tierras para ponerlas a producir, el gobierno
bolivariano no podrá superar la dependencia petrolera y de mercados
externos; asumió entonces la revisión de los documentos de propiedad
para entregar a los campesinos aquellas tierras que, ilegalmente,
fueron obtenidas. ‘Una democracia que permita esa injusticia está
perdiendo su esencia y termina convirtiéndose en una pantomima de
democracia. Una revolución que permita este estado de injusticia, no
puede llamarse revolución’, aseguró Chávez
Pero la distribución de tierras en Venezuela
viene acompañada de una serie de iniciativas que apoyen a los
campesinos: créditos blandos a través del Banco de
Desarrollo Económico y Social (Bandes), créditos
para obtención de maquinarias (Fondafa órgano crediticio del
estado), entrega de maquinarias para cooperativas de campesinos,
asesoría técnica para aprovechar los suelos y las temporadas de
siembras (INTI), cursos de formación de Cooperativas (Sunacoop);
funcionamiento de silos para almacenar las cosechas, inclusión en
red de distribución de alimentos CASA y comercialización de los
productos (a bajo costo) en la red de mercados populares Mercal,
entre otras iniciativas.
Visión campesina
El dirigente campesino, Braulio Alvarez pidió la
colaboración de todos los organismos del estado para conseguir, que
el decreto firmado, no sea letra muerta. Por ello echó a andar la
propuesta de la conformación de la fuerza bolivariana de
campesinos.
Para Alvarez todo el proyecto del gobierno se
define de forma simple y clara: ‘estoy seguro que si lo hacemos
entraremos en el plan de profundización del proceso agrario del
país, que significa la producción de comida buena y
barata’.
Esto es lo que el gobernador de Cojedes
interpreta como objetivo estratégico de la revolución bolivariana:
‘la acción de gobierno en el tema de las tierras, representa el
sentimiento de los líderes revolucionarios de llevar adelante el
compromiso de darle el poder a los pobres para combatir la
pobreza’.
